En Chile, más de cincuenta mil niños, niñas y jóvenes dejan de asistir a la escuela cada año (MINEDUC, 2023). Hasta hace poco, estos estudiantes eran catalogados como ‘desertores’. Bajo esa definición, la desvinculación escolar era comprendida como una responsabilidad individual o un déficit personal o familiar respecto a los cuales el sistema educativo tenía poca o nula injerencia (Terigi, 2009). Suerte similar corrían problemáticas como la inasistencia grave, la repitencia y la sobreedad.
Recientes cambios culturales, surgidos a la par de contundente investigación sobre el tema, han desafiado esta visión para instalar la noción de que la interrupción de las trayectorias educativas suele encontrarse asociada a condiciones de exclusión social y educativa (Rodríguez, et al., 2023). Por una parte, las y los estudiantes provenientes de grupos marginados y precarizados son quienes presentan mayor riesgo de desescolarización (Valenzuela, Contreras & Ruiz 2019, 2019a). Por otra parte, el clima escolar, las expectativas docentes, los recursos educativos disponibles y el manejo de la diversidad, entre otros factores intraescolares, han demostrado jugar un rol central en la retención o exclusión de las y los estudiantes (CEM, 2020; Valenzuela, Contreras & Ruiz 2019b; Román, 2013). Esta perspectiva permite poner el foco en las experiencias que el sistema educativo ofrece a las y los niños, jóvenes y adultos y, en función de ello, en las condiciones que debe procurar para resguardar las trayectorias educativas y subsanar las experiencias de exclusión.
Este cambio de enfoque se ha visto reflejado en los últimos años -especialmente luego del periodo de pandemia- en distintas iniciativas promovidas por la institucionalidad educativa, los actores locales y la sociedad civil. Desde el Ministerio de Educación (y en el contexto del Plan de Reactivación Educativa) se ha impulsado la implementación de equipos de asistencia y revinculación, la instalación de aulas de reingreso al interior de establecimientos educacionales, y el desarrollo de sistemas informáticos integrados para el seguimiento de las trayectorias educativas. Iniciativas como éstas son pasos importantes que, sin duda, se deben promover con fuerza para consolidar una institucionalidad robusta en torno a la protección de trayectorias educativas en Chile.
Al mismo tiempo, no es posible obviar que estas estrategias operan al interior de un sistema educativo altamente atomizado y rígido, que padece de una importante desarticulación entre sus distintos niveles, actores y sectores. A nivel de la escuela, en la educación superior y el ámbito laboral, en la formación de educadores y docentes, en la organización ministerial y local, y en las políticas y programas, los distintos ciclos y niveles educativos suelen funcionar como islas, con canales de diálogo y mutua influencia limitados. Las discontinuidades e interrupciones en las trayectorias educativas suelen reflejar esta fragmentación estructural. Como muestra de ello, el riesgo de repitencia y exclusión educativa aumenta considerablemente en el paso entre la educación básica y media, lo que se acentúa en el caso de la educación pública y el contexto rural, donde dicha transición muchas veces implica un cambio de escuela (CEM, 2020; Rodríguez et al., 2019). Respecto al paso a la educación superior, según cifras de SIES del Ministerio de Educación (2018), más de un cuarto de los estudiantes que ingresa a este nivel en Chile abandona sus estudios durante el primer año. Por su parte, alternativas de revinculación como la educación de jóvenes y adultos (EPJA), las escuelas de reingreso y los proyectos de reinserción educativa suelen estar marginadas de la institucionalidad educativa en general (Hogar de Cristo, 2019).
Cabe advertir entonces que, bajo las actuales condiciones de fragmentación, las iniciativas pro-trayectorias corren el riesgo de colisionar con escisiones e inconsistencias sistémicas para debilitarse o diluirse en el tiempo. Si queremos asegurar la protección de trayectorias educativas de manera general, sistemática y permanente, es primordial avanzar hacia un sistema educativo comprendido, diseñado e implementado en clave de trayectoria educativa. Esto supone una institucionalidad educativa articulada, coherente y flexible, sostenida por un marco regulatorio legal y una alianza intersectorial que le dé sostén (Observatorio por las Trayectorias Educativas, 2023a).
Dentro de la escuela, lo anterior implica fomentar instancias de intercambio y aprendizaje colaborativo entre profesionales que se desempeñan en los distintos niveles educativos, a fin de favorecer una mayor articulación pedagógica y didáctica entre estos niveles. Para lograr este objetivo, el currículum nacional debe ser una herramienta facilitadora. En este sentido, la nueva actualización curricular (actualmente en desarrollo) es una oportunidad para avanzar hacia una mayor armonización entre los distintos ciclos.
Dado que el tránsito entre niveles educativos implica un riesgo adicional en la interrupción de trayectorias, se requiere facilitar estas transiciones a través de sistemas de seguimiento, apoyo e inscripción temprana. Junto con ello, resulta importante desarrollar vías de comunicación permanente y ágil con las y los estudiantes y sus familias con el objetivo de acompañar estos procesos e intercambiar información pertinente y oportuna sobre oferta educativa y asignación de cupos. En el caso de la educación media, resulta central una mayor integración con el mundo del trabajo y con la educación superior. Esta última debe avanzar hacia un sistema integrado que permita tránsitos más fluidos entre instituciones y programas, así como también hacia la ampliación y flexibilización de las rutas formativas para acceder al mundo laboral. Frente a la interrupción en las trayectorias educativas, resulta central contar con un sistema de revinculación y reingreso integrado al sistema educativo general. Por otra parte, la calidad y pertinencia territorial de la oferta educativa y los componentes de soporte (recursos materiales y capacitación, entre otros) también son elementos claves para prevenir el fracaso escolar, la interrupción de trayectorias y la desescolarización.
Paralelamente, como soporte general a esta estructura, se requieren sistemas informáticos integrados que permitan el monitoreo de trayectorias y que, además, se asocien a acciones pertinentes cuando se detecten factores de riesgo o interrupciones. Sin duda, un avance en este sentido es el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas propuesto por el Ministerio de Educación -cuya implementación piloto está comenzando- que busca facilitar el seguimiento y monitoreo de las trayectorias educativas a nivel central, regional, provincial y local. Un aspecto clave, que definirá el éxito de iniciativas como esta, es la necesidad de avanzar hacia una mayor articulación y coherencia entre las entidades que gestionan y administran la institucionalidad educativa, en colaboración con los demás Ministerios y organismos abocados al desarrollo y bienestar infantil y juvenil.
Estas propuestas han sido abordadas en profundidad en cuatro Reportes de Política Educativa que el Observatorio por las Trayectorias Educativas ha puesto a disposición de todas las instituciones y actores interesados. En ellos se describe el marco normativo vigente en Chile para la protección de trayectorias, y se exponen iniciativas pro-trayectorias a nivel internacional, nudos críticos de la actual institucionalidad y recomendaciones para su abordaje.
Como se deriva de estos reportes, no debemos pasar por alto que una redefinición del sistema educativo en clave de trayectoria supone importantes transformaciones y, con ellas, grandes desafíos. Para abordarlos, se requiere voluntad política y un acuerdo intersectorial amplio, reflejado en una articulación al interior del ente estatal en alianza con la sociedad civil, los sostenedores, los entes formativos, la academia, las agencias internacionales, los gremios productivos, las comunidades educativas y sus entornos locales. Confiamos en que los recientes cambios en la comprensión de las trayectorias educativas y los compromisos adquiridos en torno a la promoción de trayectorias completas, continuas y de calidad, nos permitan estar a la altura de esta tarea. La suerte de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos depende de ello.
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Autoras:
Alejandra Meyer, doctora en Educación por la Universidad de Birmingham y Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigadora del Centro de Justicia Educacional, Pontificia Universidad Católica de Chile.
