09.05.2023

Los indicadores de salud mental en población infanto-juvenil en nuestro país han mostrado un incremento significativo post pandemia, especialmente en sintomatología depresiva, de ansiedad y de ansiedad social, como lo ha mostrado un estudio llevado a cabo por el Centro de Justicia Educacional CJE de la Universidad Católica en alianza con la Universidad de Tarapacá.

Estos hallazgos son relevantes dado que posicionan a esta población como un grupo especialmente vulnerable, quienes debido principalmente a la pérdida de espacios de socialización y ocio, así como a importantes cambios en el estilo de vida durante la pandemia, continúan afectando su bienestar psicológico.

El retorno a las escuelas no estuvo exento de dificultades, es así como observamos en un principio episodios de violencia y descontrol de impulsos, los que de alguna forma han ido disminuyendo conforme los niños, niñas y adolescentes han ido logrando una mejor integración y adaptación a la “normalidad” (constructo que amerita otra columna de análisis).

Aun cuando estos problemas de salud mental son experimentados por alumnas y alumnos de todos los niveles socioeconómicos, estudios han mostrado un grupo con mayor vulnerabilidad, así, estudiantes con un bajo nivel educativo de los padres, en condiciones de pobreza, antecedentes migratorios y problemas de salud mental de los padres tendrían un riesgo significativamente mayor de deterioro de su calidad de vida relacionada con la salud y de la salud mental.

Esto implica una serie de desafíos, no sólo en el área de salud, sino que nos involucra a todos como sociedad, donde la escuela se posiciona como un espacio muy relevante para abordar esta temática. Sabemos de las dificultades que tanto los directores como profesores presentan a raíz de las diversas presiones laborales en las que se encuentran y que sin duda también han afectado su bienestar. Se hace necesario una mayor inversión en la implementación de equipos multidisciplinarios que cuenten con orientadores/as, psicólogos/as especialistas, psicopedagogos/as, trabajadores/as sociales, enfermeras, monitores sociales, entre otros que propicien el abordaje de éstas y otras problemáticas al interior de las escuelas.

Como Centro de Justicia Educacional comprometidos en el desarrollo de mejoras en diversas áreas de la Educación, hacemos un llamado urgente a las autoridades para que consideren los resultados de las investigaciones e intervenciones que hemos estado llevando a cabo y que sean consideradas en la toma de decisiones en la distribución de recursos.

Dra. Alejandra Caqueo Urízar.

Centro Justicia Educacional CJE-UC y Universidad de Tarapacá.

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