En los últimos meses, los principales candidatos presidenciales han participado en diversos foros y debates. En todos ellos la educación como política de Estado ha estado prácticamente ausente, más allá de referencias aisladas, como la mención a la sala cuna universal o a algunos episodios de violencia escolar. Aunque la mayoría de los programas presidenciales incluyen propuestas en educación, el tema ha sido postergado del debate público. Ello, pese a la creciente evidencia que advierte sobre las dificultades estructurales del sistema para garantizar trayectorias educativas continuas, mientras la discusión se concentra en materias como el litio, la seguridad y el crecimiento económico.
En un país donde en 2024 más de 47 mil 509 estudiantes se desvincularon del sistema escolar y la inasistencia grave alcanzó el 27,7% de la matrícula total (CEM-MINEDUC, 2025), no darle la suficiente relevancia a la educación en la discusión pública y en los debates presidenciales implica ignorar uno de los pilares fundamentales del bienestar y la cohesión social. Además, se ha pasado por alto que la evidencia demuestra que los países que alcanzan un desarrollo sostenible son aquellos que fortalecen su sistema educativo de manera integral, abarcando desde la primera infancia hasta la educación superior. En este sentido, si la educación no se concibe como un proceso continuo, articulado y de largo plazo, y no se posiciona como una prioridad nacional, el desarrollo de nuestro país quedará estructuralmente limitado.
Chile necesita con urgencia propuestas que conciban la educación en clave de trayectorias como política de Estado, es decir, un sistema que acompañe de manera continua a cada persona, desde la primera infancia hasta la adultez. Esta es una de las misiones del Observatorio de Trayectorias Educativas -agrupación formada por el CIAE de la Universidad de Chile, el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, el Centro Eduinclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Fundación Súmate-: promover políticas públicas integrales que aseguren las trayectorias educativas para los niños, niñas y jóvenes en la etapa escolar. En ese sentido, basándose en la evidencia nacional e internacional y en las recomendaciones de expertas y expertos convocadas en un proceso intersectorial, el Observatorio ha propuesto seis medidas que el próximo gobierno no puede excluir de su programa para garantizar las trayectorias educativas:
- Proteger las trayectorias educativas ante el desafío demográfico, en un contexto de drástica disminución de la natalidad, aumento de los flujos migratorios y creciente necesidad de resguardar el desarrollo de cada niño, niña y adolescente que vive en el país.
- Reducir las brechas territoriales que hoy determinan si un estudiante asiste o repite curso según la comuna en que viva.
- Ampliar y fortalecer la educación inicial, asegurando condiciones que impulsen una asistencia regular y sostenida a programas de calidad durante la primera infancia.
- Dar a la educación técnico profesional un lugar estratégico como motor de movilidad social, articulando mejor sus transiciones entre la educación media, el mundo laboral y la educación superior.
- Concebir la convivencia escolar no solo como prevención de violencia, sino como un aprendizaje esencial para la vida democrática, generando políticas para pedagogizar la convivencia en el currículum y en el aula.
- Y, finalmente, asegurar que las niñas, niños y jóvenes que están hoy fuera del sistema educacional cuenten con una política de revinculación y reingreso educativo con financiamiento estable y suficiente.
Estas medidas suponen pasar de una mirada centrada en resultados estandarizados a una comprensión sistémica de las trayectorias educativas, desde la primera infancia hasta la educación superior y a lo largo de la vida. Es decir, concebir el sistema educativo en “clave de trayectorias”. Invitamos a las y los candidatos a hacerse cargo de este desafío y a abrir un debate profundo sobre el futuro educativo del país, situando las trayectorias educativas como eje estratégico de la política de Estado que el país necesita.
Por: Alejandra Meyer, investigadora del Centro de Justicia Educacional UC; Jaime Portales, subdirector Incidencia Pública Evaluación y Estudios Fundación Súmate y María José Valdebenito, académica Facultad de Educación UAH y directora del Magíster en Gestión y Dirección Educacional.
